La Giga

La Comisión Europea ha decidido abrir un expediente contra España por las obligaciones que está imponiendo a algunas administraciones públicas de utilizar procesadores o material informático de la marca Intel.

En un total de 25 anuncios de licitación publicados en diferentes administraciones públicas se especificaba que el material debía ser de la marca Intel o equivalente o con microprocesadores con valores de frecuencia de reloj mínimos.

Bruselas ha estimado lógicamente, que estas especificaciones técnicas pueden ser discriminatorias y contrarias a algunas directivas europeas, como la de contratación pública.

Habría que ver cuanto se ha llevado el gobierno central por parte de Intel por introducir estas obligaciones.

Ahora España tiene dos meses para responder a la demanda de información que hace la Comisión Europea, si quiere evitar que Bruselas pase a la segunda fase del procedimiento de infracción (un dictamen motivado) y de ahí a una denuncia ante el Tribunal de Justicia Europeo.

Curiosamente, España no es la primera expedientada; por lo mismo ya han pasado países como Francia, Alemania, Finlandia, Italia, Países Bajos y Suecia.